Do MIGALHAS LATINOAMERICA
El Gobierno de Uruguay anunció ayer
que está redactando una ley mediante la cual el Estado asumirá "el control
estricto" de la producción y distribución de la marihuana en el país. La medida
forma parte de otras 15 que el Ejecutivo aún está ultimando para combatir la
inseguridad ciudadana. Aunque la principal preocupación del Gobierno es el
tráfico y consumo de lo que se conoce como pasta base, con la legalización de la
marihuana pretende restar un amplio margen de beneficio a los narcos.
El ministro de Defensa de Uruguay,
Eleuterio Fernández Huidobro, encargado de anunciar ayer el plan, indicó que el
Gobierno pretende fomentar un debate sobre el asunto en el país antes de enviar
el proyecto de ley al Parlamento para su aprobación. "La prohibición de ciertas
drogas, le está generando al país más problemas que la droga misma",
señaló.
Antes de dar ese paso, el Gobierno
estudiará bien cuáles son las implicaciones internacionales que pueda generar la
medida, de forma que Uruguay no sea acusado entre los países vecinos como "un
centro de distribución de droga". Huidobro señaló que casi el 10% de los 3,3
millones de uruguayos ha consumido en algún momento marihuana.
El ministro ha anunciado que "la
lucha por la legalización va a ser política exterior del Uruguay", después de,
ha dicho, la "errónea decisión" del presidente de Estados Unidos Richard Nixon
hace 40 años al declarar "una guerra que ha sido ganada por los narcos". De
aprobarse la propuesta, Uruguay se convertiría en el primer país de América
Latina en revertir el modelo prohibicionista frente a las drogas.
La medida ha sido cuestionada por la
oposición, que considera que solo agravaría el consumo de estupefacientes o que
es una forma errónea de atacar el problema de la inseguridad. El opositor
Partido Colorado, con el apoyo de algunos miembros del también opositor Partido
Nacional, ha presentado este año unas 367.000 firmas al Parlamento para convocar
a un referéndum con el que pretende bajar la edad de imputabilidad penal a los
16 años como medida contra la delincuencia juvenil.
Según un estudio realizado por las
Naciones Unidas en 2010, casi uno de cada cuatro delitos cometidos por
adolescentes recluidos en centros se menores en Uruguay estuvieron vinculados al
consumo de alcohol o droga, o se cometieron para comprarlos.
(Publicado por EFE, 20 junio
2012)
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