Do MIGALHAS LATINOAMERICA
"Asunto: Real Decreto Ley 16/2012. Objeción de
conciencia". La norma que excluye a los inmigrantes en situación irregular
de la asistencia sanitaria ordinaria ha generado muchas dudas entre los
afectados y entre los profesionales sanitarios, que se ven en la tesitura de
dejar de atender en sus consultas a personas que pueden llevar años tratando.
Más de 1.300 (casi 300 en Madrid) se han declarado objetores mediante un
formulario que la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria
(Semfyc) ha habilitado y del que envía copia a los colegios y a los servicios de
salud regionales. Otros, como T. G., optaron por hacerla constar directamente a
sus superiores. La respuesta que recibió, un mes después de su escrito, le niega
el derecho a la objeción. No tiene sentido, asegura el texto, dado que los
pacientes no llegarán a su consulta porque "no tienen derecho" y se les
negará la cita.
"La objeción de conciencia
requiere la existencia de una relación clínica, esto es, el encuentro entre el
médico y el paciente, lo que aquí no se puede producir", señala la nota de
respuesta, que remite la Dirección Asistencial Noroeste (una de las siete
gerencias de los más de 400 centros de salud de la región). "En el momento en
que se pidiera la cita, bien sea por cualquier medio de comunicación
establecido, o bien sea físicamente en el centro de salud o centro sanitario
correspondiente, la respuesta de la Administración sanitaria sería negativa
puesto que estas personas no tienen derecho". El texto reproduce la
respuesta que dio el responsable del Área de Bioética y Derecho Sanitario de la
Consejería de Sanidad, Javier Sánchez Caro, según hacen constar las dos
directoras que lo firman.
"En consecuencia, lo que plantea
el escrito es una situación imposible y es sabido que a estas cuestiones nadie
está obligado", termina la información. La médica había informado de su objeción
de conciencia "al Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril en lo referente a los
artículos [...] que limitan la posibilidad de atender a extranjeros no
registrados y autorizados como residentes en España, y que restringen su derecho
a la atención a situaciones de urgencia, accidentes, embarazo, parto, posparto o
tener edad inferior a los 18 años". Recientemente el consejero de Sanidad,
Javier Fernández-Lasquetty, añadió una nueva excepción: los enfermos crónicos
que ya estén diagnosticados y tratados, aunque no explicó cómo se va a hacer en
la práctica.
La Consejería prepara unas
instrucciones para aplicar la normativa
La respuesta de la Dirección
Asistencial Noroeste contradice lo que ha venido asegurando el consejero de
Sanidad. Lasquetty ha afirmado que todos los pacientes serán atendidos, pero que
luego se pasará factura a sus países de origen si existe convenio bilateral o a
ellos mismos. No ha precisado cómo. Si los pacientes pierden la tarjeta
sanitaria no consiguen una cita y, sin cita, no hay consulta, a menos que vayan
de urgencia. Sus historias clínicas tampoco estarán en la aplicación informática
de atención primaria. "El 1 de septiembre vendrán pacientes a por una cita y
no podrán pedirla porque estarán fuera del sistema", explica la presidenta
de la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria (Somamfyc), María
Fernández. "Hay compañeros que están imprimiendo las historias clínicas para
tenerlas en papel. Hay mucha desinformación; no sabemos cómo se va a aplicar la
normativa", añade.
Las únicas instrucciones que ha
elaborado hasta ahora la Consejería de Sanidad madrileña ni siquiera incluyen la
excepción de los pacientes crónicos. Tampoco el Ministerio de Sanidad tiene
pensado decir a las comunidades cómo aplicar su real decreto. "Tienen amplia
capacidad de maniobra para decidir cómo van a dar las prestaciones",
asegura una portavoz, que insiste: " No se va a dejar a nadie desatendido". La
Consejería aseguró ayer a este diario que el lunes hará llegar a los centros de
salud y los hospitales unas instrucciones.
De momento, y a menos de 10 días para
que entre en vigor la exclusión sanitaria, los profesionales no saben a qué
atenerse y, como en el caso de T. G. y la respuesta a su objeción, están
recibiendo mensajes contradictorios. Fernández, de la Somamfyc, señala al
respecto: "La relación clínica existía ya de antes, pues estamos hablando de
unos pacientes que venimos atendiendo desde hace años y éticamente debemos
seguir haciéndolo". Médicos del Mundo lanzó ayer su campaña Derecho a curar, en
la que llama a la objeción de los sanitarios y se suma a la iniciativa de la
Semfyc. La web www.yosisanidaduniversal.net también informa sobre cómo
objetar.
Valencia prohibe a sus médicos
atender a ilegales
Los médicos objetores de la sanidad
pública que quieran atender a inmigrantes irregulares en la Comunidad Valenciana
tendrán que hacerlo en "horario no laboral y con recursos no públicos". La
secretaria autonómica de Sanidad, Nela García, aseguró este lunes que la
Generalitat cumplirá "a rajatabla" el Real Decreto 16/2012 y que, aunque respeta
la objeción de conciencia, los médicos públicos tendrán que arreglárselas con su
tiempo y medios si quieren atender a sin papeles.
La secretaria autonómica de Sanidad,
Nela García, lo tiene claro: "Respetamos las objeciones de conciencia pero
serán en horario extralaboral, con los recursos de las personas objetoras".
Así lo ha precisado durante su visita al nuevo servicio de reanimación del
Hospital de Manises (Valencia), en relación con las medidas propuestas por el
Ministerio de Sanidad.
Desde la entrada en vigor del Real
Decreto 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del
Sistema Nacional de Salud y el decreto de aseguramiento del 4 de agosto, los
inmigrantes irregulares que deseen ser atendidos en la sanidad pública deberán
pagar por recibir asistencia. Esta medida, que comenzará el 1 de septiembre, se
llevará a cabo mediante convenios. El Ministerio de Sanidad envió a la
Generalitat el borrador de la propuesta, que la Consejería de Sanidad está
estudiando para hacer alegaciones.
Dudas de
procedimiento
Un total de 77 médicos de la
Comunidad Valenciana se han acogido a la objeción de conciencia para atender a
inmigrantes sin papeles, según datos de la Sociedad Española de Medicina de
Familia y Comunitaria (SEMFYC). La cifra se eleva a más de 1.000 médicos en el
conjunto de España. Y en la mayoría de los casos, desconocen el procedimiento a
seguir para poder atender a inmigrantes irregulares. Aunque Nela García ha
asegurado que la Generalitat no planteará "ningún problema al respecto" de la
objeción, ahora los médicos ya saben que tendrán que pagarlo de su bolsillo y
atender a los inmigrantes en sus propias instalaciones. No en centros
públicos.
La secretaria autonómica de Sanidad
afirmó que hasta finales del mes de septiembre no habrá noticias sobre la puesta
en marcha del nuevo modelo de gestión sanitaria, aunque aseguró que su
departamento apuesta por un modelo de gestión de "colaboración público-privada"
que "haga sostenible la sanidad". Aun así ha recalcado a los médicos
objetores "que deberán hacerlo en horario no laboral y con recursos no
públicos".
1 de
septiembre
La decisión de la Consejería de
Sanidad de aplicar "a rajatabla" el Real Decreto por el que se anulan las
tarjetas sanitarias de los inmigrantes en situación irregular provocará "lagunas
asistenciales" y tendrá "una repercusión directa sobre los pacientes
crónicos y con enfermedades graves" que hasta ahora han sido atendidos en
la red sanitaria pública, según CC OO.
Esto afectará también a los pacientes
que tengan cita concedida con especialistas a partir del 1 de septiembre, o que
pueden estar programados para que se les realice una intervención
quirúrgica.
La ley no establece ningún tipo de
transitoriedad, por lo que CC OO considera "urgente" la articulación de
mecanismos legales que "posibiliten la continuidad de cuidados y de
tratamientos a enfermos crónicos o que ya tenían citas medicas
concertadas".
La consejería tiene capacidad
normativa para corregir estas situaciones, a través de la Ley 6/2008
En este sentido, el sindicato
sostiene que la consejería tiene capacidad normativa para corregir estas
situaciones, a través de la Ley 6/2008, que regula el aseguramiento en esta
comunidad.
CC OO denuncia las "intolerables
presiones" ejercidas por los responsables de la Consejería de Sanidad sobre
los profesionales médicos que se han declarado objetores.
Salvador Roig, portavoz del
sindicato, considera que la Consejería de Sanidad, que dirige Luis Rosado, está
empleando "un tiempo precioso en amedrentar a los profesionales que intentan
ser fieles a su juramento, en lugar de aclarar todas las incógnitas provocadas
por un apresuramiento innecesario".
Sin información
ambulatoria
Roig considera "una
irresponsabilidad, que cuando apenas faltan 10 días para que entre en vigor el
real decreto, los trabajadores de admisión no tengan la más mínima información
ni formación para poder resolver todas las dudas que se plantean las personas
afectadas". Rosado afirmó que "son los médicos no son quienes tienen que decir
cuando un paciente tiene que pagar".
Según Roig, los administrativos y
celadores de los servicios de admisión "no pueden ser los responsables de
determinar si la atención medica que precise un paciente es urgente". Y
advierte de que "en el cruce de datos que está realizando el Instituto nacional
de la Seguridad Social y la consejería para determinar qué personas estarán
finalmente aseguradas y cuáles no, pueden existir errores que los ciudadanos
afectados podrían haber subsanado antes de la aplicación de esta
medida".
(Publicado por El País - España,
23 agosto 2012)
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