Do MIGALHAS LATINOAMERICA
El Senado español aprobó ayer, miércoles, por amplia mayoría la reforma de la Constitución para limitar el déficit estructural de los gobiernos regionales y central, mientras países de la zona euro buscan desarticular una crisis de deuda cada vez peor.
El resultado de la votación era previsto, ya que tanto el Gobierno Socialista como el principal partido opositor, el Partido Popular de centro-derecha, estaban a favor de la medida que ya fue aprobada en la cámara baja la semana pasada. Unos 233 de los 262 senadores votaron por la reforma mientras que tres se manifestaron en contra. Algunos legisladores abandonaron la sala en señal de protesta, mientras que otros ni siquiera asistieron a la sesión.
La reforma obliga a España a mantener su déficit estructural dentro de los límites establecidos por la Unión Europea, pese a que permite excepciones en caso de desastres naturales, una recesión o emergencias.
El martes, miles de personas protestaron pacíficamente contra la reforma constitucional, la que dijeron había sido acelerada sin las suficientes consultas públicas y que además amenaza los programas sociales.
Los sindicatos y algunos partidos menores españoles exigieron un referendo sobre lo que será el segundo cambio a la Carta Magna desde que España se convirtió en una democracia en 1978.
El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, propuso el freno a la deuda luego de que una cumbre franco-alemana exhortara a los países de la zona euro a adoptarlo como medida para tranquilizar a los mercados.
Corre los tiempos
A partir de ahora se abre el plazo de 15 días para solicitar un referéndum. Hacen falta 26 senadores (el 10% de la Cámara) para pedirlo. La estimación más optimista de los grupos que lo reclaman, incluso contando con la firma de los dos socialistas díscolos, no pasa de 19. El BNG, que calificó de "chapuza" la reforma, y de "sarao" el debate, prometió "trabajar hasta el último minuto" para conseguir esas 26 firmas. También el senador Miquel Bofill, de ERC, llamó a los senadores socialistas y populares a "romper la disciplina de partido" y pedir el referéndum. Bofill protagonizó un rifirafe con el presidente del Senado, Javier Rojo, quien le impidió que interviniera en catalán, a lo que Bofill respondió instando a los catalanes a "saltar el muro de la Constitución".
Pese a que las posiciones no se habían movido un ápice desde la votación el pasado viernes en el Congreso, el debate se prolongó durante tres horas y media. PP y PSOE defendieron la reforma utilizando los mismos argumentos y en muchas ocasiones idénticas expresiones: "Nadie nos impone nada. Es una reforma necesaria", decía la portavoz socialista Carmela Silva. "No es ni una imposición, ni el fruto de ningún rodillo parlamentario", repetía el portavoz de los populares, Pío García-Escudero. Este lanzó al inicio un último llamamiento al consenso. Nadie recogió el guante. Todos los grupos reprocharon a socialistas y populares que les hubiesen dejado fuera y que hubiesen rechazado, con sus votos, las enmiendas presentadas, incluida la del referéndum. El senador socialista José Ignacio Pérez Sáenz acusó a los grupos que lo pedían de haber llevado "kilos de populismo" al hemiciclo con aquella propuesta: "Deberían decirle a los ciudadanos que es absolutamente democrático no hacer un referéndum sobre este asunto".
Los populares no olvidaron mencionar que la idea la había tenido primero Mariano Rajoy. Pérez Sáenz admitió que su grupo había tenido "dudas" y reconoció que el acuerdo con el principal adversario político para reformar la Constitución tenía un "coste electoral". "Pero no nos avergonzamos de ir con el PP en este asunto. La reforma deja margen para políticas progresistas", añadió.
García Escudero aseguró que sin la reforma "el Estado de bienestar no dejaba de ser un lema en una pancarta", pero admitió que el cambio constitucional no es "ningún remedio mágico ni inmediato" y aseguró que España "necesita más reformas", entre las que citó la "modernización del mercado de trabajo".
Jordi Vilajoana, de CiU, aseguró que la reforma "no era la solución". "¿Quién genera el déficit?", preguntó. "El Estado", se respondió a sí mismo. "¿Y quién se come el marrón? Las comunidades autónomas".
Joan Saura (ICV) tachó de "poco democrática" la reforma y la interpretó como "una excusa para recentralizar el Estado" restando autonomía a las comunidades, uno de los argumentos más repetidos por nacionalistas catalanes y vascos para oponerse ahora y así a este cambio constitucional.
Joseba Zubia (PNV) insistió en su enmienda rechazada para incluir en la Constitución el derecho de autodeterminación del pueblo vasco: "Solucionaría el conflicto", dijo. "Hace unos días la Constitución era inmutable. Ahora es más fácil de cambiar aplicando el rodillo que cualquier ley ordinaria. Esta reforma exprés es un atropello democrático".
(Publicado por Reuters, 7 septiembre 2011)
El resultado de la votación era previsto, ya que tanto el Gobierno Socialista como el principal partido opositor, el Partido Popular de centro-derecha, estaban a favor de la medida que ya fue aprobada en la cámara baja la semana pasada. Unos 233 de los 262 senadores votaron por la reforma mientras que tres se manifestaron en contra. Algunos legisladores abandonaron la sala en señal de protesta, mientras que otros ni siquiera asistieron a la sesión.
La reforma obliga a España a mantener su déficit estructural dentro de los límites establecidos por la Unión Europea, pese a que permite excepciones en caso de desastres naturales, una recesión o emergencias.
El martes, miles de personas protestaron pacíficamente contra la reforma constitucional, la que dijeron había sido acelerada sin las suficientes consultas públicas y que además amenaza los programas sociales.
Los sindicatos y algunos partidos menores españoles exigieron un referendo sobre lo que será el segundo cambio a la Carta Magna desde que España se convirtió en una democracia en 1978.
El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, propuso el freno a la deuda luego de que una cumbre franco-alemana exhortara a los países de la zona euro a adoptarlo como medida para tranquilizar a los mercados.
Corre los tiempos
A partir de ahora se abre el plazo de 15 días para solicitar un referéndum. Hacen falta 26 senadores (el 10% de la Cámara) para pedirlo. La estimación más optimista de los grupos que lo reclaman, incluso contando con la firma de los dos socialistas díscolos, no pasa de 19. El BNG, que calificó de "chapuza" la reforma, y de "sarao" el debate, prometió "trabajar hasta el último minuto" para conseguir esas 26 firmas. También el senador Miquel Bofill, de ERC, llamó a los senadores socialistas y populares a "romper la disciplina de partido" y pedir el referéndum. Bofill protagonizó un rifirafe con el presidente del Senado, Javier Rojo, quien le impidió que interviniera en catalán, a lo que Bofill respondió instando a los catalanes a "saltar el muro de la Constitución".
Pese a que las posiciones no se habían movido un ápice desde la votación el pasado viernes en el Congreso, el debate se prolongó durante tres horas y media. PP y PSOE defendieron la reforma utilizando los mismos argumentos y en muchas ocasiones idénticas expresiones: "Nadie nos impone nada. Es una reforma necesaria", decía la portavoz socialista Carmela Silva. "No es ni una imposición, ni el fruto de ningún rodillo parlamentario", repetía el portavoz de los populares, Pío García-Escudero. Este lanzó al inicio un último llamamiento al consenso. Nadie recogió el guante. Todos los grupos reprocharon a socialistas y populares que les hubiesen dejado fuera y que hubiesen rechazado, con sus votos, las enmiendas presentadas, incluida la del referéndum. El senador socialista José Ignacio Pérez Sáenz acusó a los grupos que lo pedían de haber llevado "kilos de populismo" al hemiciclo con aquella propuesta: "Deberían decirle a los ciudadanos que es absolutamente democrático no hacer un referéndum sobre este asunto".
Los populares no olvidaron mencionar que la idea la había tenido primero Mariano Rajoy. Pérez Sáenz admitió que su grupo había tenido "dudas" y reconoció que el acuerdo con el principal adversario político para reformar la Constitución tenía un "coste electoral". "Pero no nos avergonzamos de ir con el PP en este asunto. La reforma deja margen para políticas progresistas", añadió.
García Escudero aseguró que sin la reforma "el Estado de bienestar no dejaba de ser un lema en una pancarta", pero admitió que el cambio constitucional no es "ningún remedio mágico ni inmediato" y aseguró que España "necesita más reformas", entre las que citó la "modernización del mercado de trabajo".
Jordi Vilajoana, de CiU, aseguró que la reforma "no era la solución". "¿Quién genera el déficit?", preguntó. "El Estado", se respondió a sí mismo. "¿Y quién se come el marrón? Las comunidades autónomas".
Joan Saura (ICV) tachó de "poco democrática" la reforma y la interpretó como "una excusa para recentralizar el Estado" restando autonomía a las comunidades, uno de los argumentos más repetidos por nacionalistas catalanes y vascos para oponerse ahora y así a este cambio constitucional.
Joseba Zubia (PNV) insistió en su enmienda rechazada para incluir en la Constitución el derecho de autodeterminación del pueblo vasco: "Solucionaría el conflicto", dijo. "Hace unos días la Constitución era inmutable. Ahora es más fácil de cambiar aplicando el rodillo que cualquier ley ordinaria. Esta reforma exprés es un atropello democrático".
(Publicado por Reuters, 7 septiembre 2011)
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