Do MIGALHAS LATINOAMERICA
El célebre juez español Baltasar Garzón volvió a sentarse este martes en el banquillo de los acusados en España, esta vez por haber sido el único que osó investigar los crímenes de la dictadura franquista, en un proceso que despierta fuerte expectativa dentro y fuera del país.
Mundialmente conocido por la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet en 1998 en Londres, Garzón, de 56 años, fue demandado ante el Tribunal Supremo español por dos asociaciones de ultraderecha españolas.
Lo acusan de haber vulnerado una ley de amnistía de 1977 por haberse declarado competente en 2008 para investigar unas 114 000 “desapariciones forzosas ” ocurridas durante la Guerra Civil española (1936-39) y la dictadura franquista (1939-75).
Suspendido desde mayo de 2010 de sus funciones en la Audiencia Nacional (principal instancia penal española), el mediático magistrado puede ser condenado a 20 años de inhabilitación profesional, lo que supondría el final de su carrera.
Garzón, que la semana pasada ya fue juzgado por este mismo tribunal por haber ordenado presuntas escuchas ilegales en un caso de corrupción que implica a la derecha española, fue recibido por varios de sus colegas jueces, reunidos para expresarle su apoyo.
También unos 200 de sus partidarios, entre ellos muchos familiares de las víctimas del franquismo, se habían concentrado en la calle para manifestar su rechazo por un proceso que denuncian como "injusto".
"Pienso que es un juez valiente, es el único que se ha atrevido a investigar los crímenes franquistas", afirmó Mercedes del Vas, de 47 años.
Tres de sus familiares desaparecieron durante los años negros del franquismo, entre ellos una de sus abuelas, recientemente identificada en una fosa común en Toledo (centro), explicó.
Garzón "está en el tribunal y los asesinos en la calle", denunció, mientras a su alrededor decenas de personas gritaban "¡Queremos memoria, queremos justicia!" y enarbolaban pancartas en las que podía leerse "El delito es tapar delitos".
En audiencia
El fiscal ha solicitado el sobreseimiento de la causa y la defensa ha pedido la nulidad del proceso nada más empezar la vista de las cuestiones previas. El letrado de Garzón ha asegurado que el juez instructor, Luciano Varela, "perdió su imparcialidad" al violar "normas básicas". La fiscalía ha calificado también de "insólita" la actuación del instructor en el procedimiento. La acusación ha replicado a la defensa que no les hizo falta señalar en concreto qué resoluciones de Garzón eran prevaricadoras porque a su juicio lo son todas las que dictó el juez en el procedimiento.
Vestido con toga negra y mangas de encaje blancas, el magistrado español escuchó con semblante grave las alegaciones de su abogado defensor, Gonzalo Martínez-Fresneda, que pidió el sobreseimiento de la causa por defectos de forma.
Muestra de la expectativa que genera este caso, decenas de periodistas, muchos de ellos extranjeros, seguían en directo un proceso para el que varias organizaciones de defensa de los derechos humanos se acreditaron como observadores internacionales.
"El caso Garzón es la primera vez en una democracia consolidada, y la primera vez en la Unión Europea, que se procesa a un juez por investigar crímenes contra los derechos humanos", señaló el estadounidense Reed Brody, consejero jurídico de la ONG Human Rights Watch.
Dentro y fuera de España, muchos consideran que el juicio contra Garzón pretende lanzar una advertencia a otros jueces para que no aborden un tema, el de la dictadura franquista, cuyas heridas siguen abiertas en un país aún dividido.
"El hecho de que un juez esté asustado, tema ser castigado por abrir una investigación de esta naturaleza, es tremendamente pernicioso para la democracia", denunció el juez venezolano Pedro Nikken, ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y presidente de la ONG Comisión Internacional de Juristas.
"Este caso afecta a la independencia del poder judicial de España”, aseguró por su parte el argentino Hugo Relva, consejero jurídico de Amnistía Internacional, denunciando “un acto de amedrentamiento".
Garzón tiene pendientes contra él otros dos casos por "prevaricación", es decir por tomar una decisión injusta a sabiendas, lo que ha llevado a sus partidarios a denunciar una maniobra política contra un juez cuyas investigaciones le han ganado a lo largo de los años más de un enemigo.
(Publicado por El País – España, 24 enero 2012)
Mundialmente conocido por la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet en 1998 en Londres, Garzón, de 56 años, fue demandado ante el Tribunal Supremo español por dos asociaciones de ultraderecha españolas.
Lo acusan de haber vulnerado una ley de amnistía de 1977 por haberse declarado competente en 2008 para investigar unas 114 000 “desapariciones forzosas ” ocurridas durante la Guerra Civil española (1936-39) y la dictadura franquista (1939-75).
Suspendido desde mayo de 2010 de sus funciones en la Audiencia Nacional (principal instancia penal española), el mediático magistrado puede ser condenado a 20 años de inhabilitación profesional, lo que supondría el final de su carrera.
Garzón, que la semana pasada ya fue juzgado por este mismo tribunal por haber ordenado presuntas escuchas ilegales en un caso de corrupción que implica a la derecha española, fue recibido por varios de sus colegas jueces, reunidos para expresarle su apoyo.
También unos 200 de sus partidarios, entre ellos muchos familiares de las víctimas del franquismo, se habían concentrado en la calle para manifestar su rechazo por un proceso que denuncian como "injusto".
"Pienso que es un juez valiente, es el único que se ha atrevido a investigar los crímenes franquistas", afirmó Mercedes del Vas, de 47 años.
Tres de sus familiares desaparecieron durante los años negros del franquismo, entre ellos una de sus abuelas, recientemente identificada en una fosa común en Toledo (centro), explicó.
Garzón "está en el tribunal y los asesinos en la calle", denunció, mientras a su alrededor decenas de personas gritaban "¡Queremos memoria, queremos justicia!" y enarbolaban pancartas en las que podía leerse "El delito es tapar delitos".
En audiencia
El fiscal ha solicitado el sobreseimiento de la causa y la defensa ha pedido la nulidad del proceso nada más empezar la vista de las cuestiones previas. El letrado de Garzón ha asegurado que el juez instructor, Luciano Varela, "perdió su imparcialidad" al violar "normas básicas". La fiscalía ha calificado también de "insólita" la actuación del instructor en el procedimiento. La acusación ha replicado a la defensa que no les hizo falta señalar en concreto qué resoluciones de Garzón eran prevaricadoras porque a su juicio lo son todas las que dictó el juez en el procedimiento.
Vestido con toga negra y mangas de encaje blancas, el magistrado español escuchó con semblante grave las alegaciones de su abogado defensor, Gonzalo Martínez-Fresneda, que pidió el sobreseimiento de la causa por defectos de forma.
Muestra de la expectativa que genera este caso, decenas de periodistas, muchos de ellos extranjeros, seguían en directo un proceso para el que varias organizaciones de defensa de los derechos humanos se acreditaron como observadores internacionales.
"El caso Garzón es la primera vez en una democracia consolidada, y la primera vez en la Unión Europea, que se procesa a un juez por investigar crímenes contra los derechos humanos", señaló el estadounidense Reed Brody, consejero jurídico de la ONG Human Rights Watch.
Dentro y fuera de España, muchos consideran que el juicio contra Garzón pretende lanzar una advertencia a otros jueces para que no aborden un tema, el de la dictadura franquista, cuyas heridas siguen abiertas en un país aún dividido.
"El hecho de que un juez esté asustado, tema ser castigado por abrir una investigación de esta naturaleza, es tremendamente pernicioso para la democracia", denunció el juez venezolano Pedro Nikken, ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y presidente de la ONG Comisión Internacional de Juristas.
"Este caso afecta a la independencia del poder judicial de España”, aseguró por su parte el argentino Hugo Relva, consejero jurídico de Amnistía Internacional, denunciando “un acto de amedrentamiento".
Garzón tiene pendientes contra él otros dos casos por "prevaricación", es decir por tomar una decisión injusta a sabiendas, lo que ha llevado a sus partidarios a denunciar una maniobra política contra un juez cuyas investigaciones le han ganado a lo largo de los años más de un enemigo.
(Publicado por El País – España, 24 enero 2012)
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